A pesar del más reciente llamado desde la Entidad por proteger los recursos con los cuales se garantizan los servicios en salud, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, decidió ampliar la medida judicial ya mencionada a Nueva EPS, afectando en mayor medida los recursos inembargables del sistema de salud.
Esta nueva alerta se da por los nuevos mandamientos del juzgado mencionado, con lo cual se da lugar a una ampliación de la embargabilidad de recursos, que ahora asciende a $887.249.858 millones de pesos, el doble de lo confirmado la semana anterior; $422.466.580 millones.
Otro de los asuntos que más preocupa, tiene que ver con el embargo de recursos destinados al régimen subsidiado, medida que además de irregular, lesiona a los afiliados más vulnerables del sistema.
El despacho judicial mencionado concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas contra Nueva EPS y se ha convertido en el despacho con mayor número de medidas cautelares contra la entidad.
Entre las IPS con más procesos de embargo figuran: Clínica Médicos del Cesar, Clínica Uros S.A.S., Fundación Cardio Infantil, y recientemente Clínica de Valledupar, Clínica San Juan Bautista S.A.S., Medicuc IPS LTDA, entre otras.
¿Qué significa?
Cuando un juzgado ordena el embargo de los recursos de una Entidad Promotora de Salud (EPS), se retienen los fondos que la entidad posee en sus cuentas bancarias o que recibe del sistema de salud, con el propósito de garantizar el pago de una obligación dentro de un proceso judicial. En la práctica, esto impide que la EPS disponga libremente de esos recursos mientras se define la demanda o se cumple una sentencia.
Aunque la normativa vigente establece que los recursos destinados a la salud son inembargables por su carácter público y de destinación específica, la aplicación de estas medidas judiciales bloquea temporalmente dineros que deberían ser utilizados para la atención de los afiliados y el pago oportuno a los prestadores en todo el país.
Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son inembargables, según el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001.
La Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría reiteran que estos fondos no pueden ser objeto de medidas cautelares, pues son parafiscales y esenciales para garantizar el derecho fundamental a la salud. En tal sentido, embargar estos recursos vulnera el orden jurídico, compromete el patrimonio público y afecta la atención de más de 11 millones de afiliados en todo el país.
Por tal razón, la Agente Especial Interventora de Nueva EPS ha informado a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES, solicitando medidas urgentes para frenar estas decisiones judiciales que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema.
“Estos embargos no solo desconocen la naturaleza jurídica de los recursos, sino que afectan la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, afirmó la Dra. Gloria Libia Polanía Aguillón.
Entretanto, Nueva EPS agotará todos los recursos judiciales disponibles y hace un llamado a los actores involucrados para que consideren las implicaciones legales y sociales de sus acciones, preservando la transparencia y sostenibilidad del sistema de salud.
La estrategia de NUEVA EPS que acompaña a los menores de edad en su tratamiento de cáncer.
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